Certificado energético

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El certificado energético tiene su origen en la directiva europea 2002/91 del Parlamento y del Consejo, la cuál pretende fomentar la eficiencia energética siguiendo los acuerdos a los que se llegaron en el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); entre ellos el compromiso de mantener el aumento de temperatura por debajo de 2ºC y el compromiso de reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990. Además de así conseguir un mejor gestión de la energía para que la UE pueda ejercer influencia en el mercado mundial y garantizar la seguridad de abastecimiento.

Para ello, exige la obligatoriedad a los Estados miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento energético a través de instrumentos jurídicos que instaure acciones más concretas, con el fin de igualar las diferencias que se encuentran en el  desarrollo de este sector entre los distintos países. Además, propone una regulación regional para que se tenga en cuenta las condiciones climáticas y particulares locales.En el caso español, el 5 de abril se aprueba el Real Decreto 235/2013 que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Conforme a esto la Directiva 2010/31/UE, se establece como objetivo que el 31 de diciembre 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo.

El Real Decreto 253/2013 establece que es obligatorio la obtención del certificado energético del inmueble desde el 1 de Junio de 2013 para aquellos propietarios que quieran vender o alquilar sus construcciones.

Asimismo determina la tipología de inmuebles que lo requieren:

  • Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario,
  • Edificios o partes de edificios propiedad de una entidad pública con una superficie total superior a 500 m2
  • Edificios o partes de edificios propiedad de una entidad pública con una superficie total superior a 250 m2.

Por otra parte determina que están excluidos de la obligatoriedad de disponer de certificado energético los siguientes inmuebles:

  • Edificios y monumentos protegidos,
  • Edificios para el culto y actividades religiosas,
  • Construcciones provisionales para un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años
  • Edificios industriales y agrícolas, edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2
  • Edificios de viviendas objeto de contrato de arrendamiento por un tiempo inferior a 4 meses al año.

El procedimiento establecido para Cataluña es el siguiente:

Para la obtención del certificado se debe contactar con el registro de técnicos certificadores autorizados por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN). El técnico realiza un inspección presencial en el inmueble y a partir de una serie de pruebas y revisiones de la propiedad establece el nivel de eficiencia energética. Hay diferentes tipo de baremos según la propiedad sea vivienda o edificio, pero en términos generales se calcula el consumo de energía necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, basado en los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. Como resultado en el certificado energético se establecen 7 niveles que oscilan de la A a la G. Siendo A, el nivel máximo de eficiencia energética y G. La fórmula utilizada se basa en las emisiones CO2, que se traduciría a un indice que va de 0 a 2. El propietario deberá pagar el coste de está inspección, y además la emisión del la certificado y la etiqueta energética al técnico autorizado por ICAEN. Sin embargo, no hay precios oficiales fijados por la Administración, sino que se fijan por el libre mercado según la oferta y la demanda.

En cuento al papel de la Administración Pública en la emisión del certificado energético, se establece en el artículo 5 del Real Decreto 235/2013 la competencia a las comunidades autónomas, así que son las que deben regular la certificación energética y crear un registro oficial donde se inscribirán todas las certificaciones. Algunas Comunidades Autónomas cobrarán una tasa, como Castilla la Mancha que es de 3,17€ y Extremadura la establece alrededor de 24€. Sin embargo en Cataluña es gratuita la inscripción en el registro. Asimismo, la vigencia de los certificados energéticos en 10 años.

Las sanciones previstas dependerán de la infracción:

  • Se multará en los casos de incumplimiento de obtención del certificado energético;
  • En supuestos de que se descubra que se ha expedido el certificado sin una visita previa al inmueble;
  • En los casos en que se haya recibido un certificado energético que no corresponde al nivel de eficiencia energética de la vivienda en cuestión.

La sanción la ejecutará el órgano competente de su comunidad autónoma. Las medidas sancionadoras previstas son multas entre los 300 euros a los 6.000 euros. Además, de que puede ser declarado nulo el contrato de compraventa o arrendamiento al no haber informado correctamente al comprador o arrendatario. Pudiendo llegar a que el vendedor tenga que indemnizar al comprador o inquilino por los perjuicios ocasionados por la falta de información facilitada.